El día 3 de mayo es el mundial de la libertad de prensa, fue proclamado en 1993, por la Asamblea General de las Naciones Unidas y con ello presenta una oportunidad para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa; evaluar la situación de la libertad de prensa en el estado; defender a los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de sus labores.
Recordemos que la libertad de expresión es un derecho fundamental consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el cual precisa que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Por tanto, se pone de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión, por un lado, el derecho a informar y por el otro lado el derecho que tengo a ser informado.
Ahora bien, es importante evaluar la libertad de prensa en Chihuahua, a la luz del contexto existente, así tenemos que se advierte en la Recomendación General no. 24 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitida en el 2016, que Chihuahua se encuentra entre las cinco entidades federativas que concentran la mayor cantidad de homicidios contra periodistas. Los crímenes contra los reporteros han permanecido impunes, así tenemos que el caso del periodista José Armando Rodríguez Carreón, quien fue asesinado el 13 de noviembre de 2008 y que a la fecha solo una persona se encuentra sentenciada, investigación que permanece abierta, por otro lado, otro caso que permanece impune es el del asesinato de la periodista Miroslava Breach ocurrido el 23 de marzo de 2017, investigación que permanece estancada y aunque hay un presunto culpable, eso no significa que el caso este resuelto y superado, toda vez que el detenido no fue el único involucrado en el presente caso y no hay para cuando se esclarezcan estos crímenes. Quizá la mejor opción que tienen las víctimas indirectas es someter su caso a instancias internacionales para que con ello se logre acceder a la verdad y a una reparación integral.
Los asesinatos contra periodistas en nuestro estado es una de las formas más violentas de suprimir el derecho a la libertad de expresión. El gobierno estatal necesita hacer frente a la violencia que se vive contra los periodistas e investigar de manera seria y eficaz las violaciones cometidas en su contra, combatiendo la impunidad. Debemos exigir que se expida la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos que permanece estancada en el Congreso, desde el 2014, posteriormente en el 2016 se incorporó el proyecto de ley, sin embargo, a la fecha no tenemos nada definitivo. Por otro lado, el Congreso estatal debe replantearse si la ley debe ir dirigida también a las personas defensoras de los derechos humanos o solo a los periodistas, ya que la atención a cada uno de estos grupos es distinta por las funciones que realizan.
Lo anterior evidencia una falta de compromiso por parte del gobierno estatal y en específico de nuestros legisladores y lejos de alcanzar un verdadero pluralismo informativo e independencia de los medios de comunicación se termina incentivando los discursos de desconfianza y deslegitimación de la prensa y la labor periodística.
Así pues, no queremos una ley que se convierta en letra muerta, necesitamos una ley que se vuelva operante y no inoperante, para que el ejercicio periodístico pueda efectuarse libremente sin que las personas que lo realizan sean víctimas de amenazas, agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento.
La violencia contra los periodistas nos afecta a todos, pues como bien lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “la violencia contra un periodista no es solo una agresión contra una víctima en particular, sino contra todos los miembros de la sociedad”.
