El pasado domingo 10 de abril se llevo por primera vez en la historia de nuestro país un ejercicio inédito que tuvo como fin garantizar el derecho de los ciudadanos a participar de manera directa en asuntos públicos, como lo fue la votación relativa a la “revocación del mandato” del ejecutivo federal. Así pues, el ciudadano debía contestar la siguiente pregunta,
¿Estás de acuerdo en que, a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? había dos opciones de respuesta, por un lado “Que se le revoque el mandato por perdida de confianza” y por el otro “Que siga en la Presidencia de la Republica”
Este derecho político está consagrado en la fracción IX del artículo 35 constitucional, y en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este último refiere que todos los ciudadanos tienen derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. En este sentido es importante resaltar que el ejercicio de nuestros derechos políticos no se limita a la democracia representativa, es decir en elegir a nuestros representantes como lo pueden ser los diputados, senadores, presidente municipal, gobernador, sino también en la democracia participativa, esto es que se les consulte a los ciudadanos sobre asuntos de interés público, como recientemente lo fue la votación relativa a enjuiciar a los expresidentes.
Y aunque se bien no se alcanzo el porcentaje del 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores para que esta consulta fuera vinculante para el ejecutivo federal, si debemos resaltar que hubo participación ciudadana, quizá no la deseada, y esto se debió a diversos factores, uno de ellos es precisamente que es la primera vez que se consulta al pueblo, y es evidente que el ciudadano no está acostumbrado a ejercer ese derecho, asimismo se instalaron la tercera la parte de las casillas en comparación con la elección del 2018, sumado a ello, las casillas no se encontraban al alcance de los ciudadanos pues se ubicaban retiradas de sus domicilios, adicionalmente la campaña de desinformación por parte de los opositores al gobierno federal, quienes incentivaron a no votar, lo cual refleja una postura totalmente antidemocrática.
Chihuahua fue uno de los estados que más baja participación tuvo, con 298 mil 078 votantes, es decir con un porcentaje de 10.40% de participación ciudadana, esto a pesar de que Chihuahua fue de los estados pioneros en contar con su Ley de Participación Ciudadana, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 23 de junio de 2018, misma que incorpora en su artículo 53 la revocación del mandato, como instrumento de consulta a la ciudadanía que tiene como fin que se pronuncie mediante sufragio libre, directo, secreto y universal, sobre la terminación anticipada del periodo de gestión de quienes ostenten la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado; las Diputaciones locales; las Presidencias Municipales y las Sindicaturas.
Es decir, Chihuahua ya contaba con este instrumento mucho antes de que se incorporara a la Constitución la revocación del mandato del ejecutivo federal, sin embargo, muy poco se ha difundido entre los ciudadanos y en consecuencia no ha sido solicitado por los mismos.
He leído y escuchado diversas opiniones sobre los resultados de la consulta de revocación del mandato, hay quienes argumentan que de nada sirvió, que fue un capricho del presidente, que se invirtió recurso innecesario, por otro lado, quienes refieren que se consolida el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, y en consecuencia un éxito significativo para morena. Incluso se compara el número de votos obtenidos en esta consulta en relación con la votación de 2018 entre los distintos candidatos. Pero más allá de las distintas posturas, este ejercicio es un éxito significativo para la democracia del país, no es el éxito para un partido o para una persona, es un éxito para todos los ciudadanos, son pequeños pasos que tienen como fin consolidar nuestra democracia participativa.
Los derechos políticos constituyen un derecho humano para todos los ciudadanos, por tanto, deben ser garantizados por el Estado, y el ejercicio de éstos, forma parte de nuestra obligación y responsabilidad como ciudadanos comprometidos con nuestra democracia.
